Jose Torres Jr. es redactor jefe de abs-cbnNEWS.com. Es también miembro del Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios en Manila y director del Sindicato Nacional de Periodistas de las Filipinas.Escribió este artículo para la Asociación Mundial de Periódicos

25 de marzo de 2005, Viernes Santo. Las calles de Manila están desiertas. La radio y la televisión se mantienen silenciosas mientras los filipinos, en su mayoría católicos practicantes, se dirigen a la iglesia. No se transmiten programas locales radiofónicos ni televisivos; tan sólo se difunde alguna emisión religiosa. Los diarios no se editan ese día. Es feriado para los periodistas. Pero no para los asesinos.

Me llegó un mensaje en el teléfono móvil mientras escribía un artículo que debía entregar rápidamente. “Una columnista local en Tacurong City (en el sur de las Filipinas) que criticaba abiertamente a [un antiguo miembro del Congreso], fue muerta a tiros en su domicilio”, decía el mensaje. La víctima era identificada como Marlene Espera del semanario local Midland Review. Se trata del tercer periodista filipino asesinado en lo que va del año 2005.

La ola de asesinatos que en 2004 transformó a las Filipinas en el país más peligroso para los profesionales de la comunicación, después de Irak, parece estar prolongándose en 2005. Ya murieron al menos dos periodistas a principios de año, con lo cual el número de víctimas desde enero de 2004 se cifraría en 15. Los periodistas filipinos están cayendo como moscas.

Romeo Sanchez, un presentador de la radio en la ciudad norteña de San Fernando murió abatido por un único agresor el 9 de marzo. El 28 de febrero, Arnulfo Villanueva, columnista del diario Asian Star Express Balita, también encontró la muerte. Su cuerpo fue hallado a la vera de un camino. La policía sospecha que fue asesinado por haber criticado a las autoridades locales en un asunto de juegos ilícitos.

“El calvario de los periodistas filipinos sólo tocará a su fin cuando estos asesinos despiadados sean ajusticiados”, dijo Aidan White, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ). “Ya es hora de que las autoridades redoblen los esfuerzos por encontrar a los culpables”, añadió. Pidió al gobierno filipino que llevara a cabo una “investigación consecuente y minuciosa” en torno a estos asesinatos y se comprometiera a proteger a los periodistas contra la violencia.

Pero lo más probable es que el pedido de Aidan sea totalmente ignorado: en las Filipinas se deja asesinar impunemente a los periodistas. El Sindicato Nacional de Periodistas de las Filipinas (NUJP) registró desde 1986, año en el que se restauró la democracia en el país, no menos de 66 periodistas asesinados en circunstancias muy probablemente vinculadas a su trabajo. El número más elevado se registró en 2004, un año que será sin duda recordado por la prensa filipina como infame.

Desde 1986, no ha habido ni un solo juicio en estos casos de asesinato. Y los asesinos se están envalentonando. Muchas veces, los homicidios vienen seguidos de llamadas telefónicas de regodeo y de amenaza contra otros periodistas. El clima de impunidad es tal que el asesinato de un periodista suele desencadenar una serie de amenazas en otras regiones.

Y la vida de los testigos de estos homicidios también peligra. El 2 de febrero, tres hombres no identificados mataron a balazos a un maestro de escuela, Edgar Amoro, quien había sido el testigo principal del asesinato del periodista Edgar Damalerio en 2002. Amoro fue abatido a pesar de hallarse bajo protección gubernamental especial en su calidad de testigo.

Ann Cooper, la directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York, exigió algo más que “simples palabras de la parte del gobierno” después del asesinato de Amoro. “Ya es hora de que las autoridades cumplan sus promesas de defender la libertad de prensa y enjuicien a los asesinos de periodistas”, añadió.

Rodney Pinder, director del Instituto Internacional de Seguridad de las Noticias, declaró que “los países donde se derrama la sangre de periodistas [como las Filipinas]” deberían adoptar “medidas concretas para encontrar y castigar a los culpables”.

“El elevado número de periodistas asesinados en 2004 es sumamente preocupante”, dijo Cooper. “Pero el hecho de que tantos fueran asesinados con total impunidad resulta vergonzoso y debilitante. Los gobiernos tienen la obligación de perseguir y de enjuiciar a los culpables. Al no hacerlo, dejan que los criminales establezcan los límites de la información que los ciudadanos reciben y leen”.

No cabe duda de que los asesinos se están “dando un festín”, matando y atemorizando a los profesionales de la prensa. Ante la ausencia de reacción y de justicia, los delincuentes van juntando cada vez más valor y determinación en sus ataques contra los medios informativos. Algunos grupos hacen uso constante de amenazas para intentar silenciar a los periodistas. Se habló de la supuesta existencia de una lista de víctimas en la que figurarían al menos dos periodistas en cada provincia.

“Los asesinatos de periodistas, las amenazas, los insultos, y...la eliminación de testigos importantes han indudablemente consolidado la fama que el país se ha ganado como uno de los sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, afirmó en una declaración el Frente Libertad para Periodistas Filipinos (FFFJ).

“Es alarmante constatar la impunidad con la que los asesinos de periodistas pueden matar y amenazar, haciendo zozobrar la libertad de prensa y la viabilidad de la democracia en las Filipinas”, añadía el texto.

Las Filipinas se consideran como un país privilegiado para ejercer el periodismo, con una de las prensas más “libres” del mundo, pero donde al mismo tiempo el régimen democrático les da carta blanca a los criminales y asesinos, quienes pueden fácilmente convertir cualquier parte del país en un infierno para los medios informativos.

Los asesinatos pusieron también de relieve el recrudecimiento de las amenazas y de otros tipos de agresiones contra periodistas.

Maximo Quindao, un director y editor periodístico en Mindanao, resultó gravemente herido al ser baleado por agresores no identificados el 29 de enero. Tres días después, un empresario amenazó a la periodista Luz Rimban del Centro Filipino de Periodismo Investigativo, quien había establecido vínculos entre la compañía del empresario y ciertas actividades madereras ilegales. El 8 de febrero, el columnista Pablo Hernandez, residente en Manila, sobrevivió a un atentado contra su vida presuntamente planeado por autoridades policiales de alta jerarquía.

A principios de este año, el gobierno hizo una declaración en la que criticaba un informe de la IFJ sobre la incapacidad del gobierno de proteger a los periodistas y de resolver los casos de homicidio. El gobierno calificó el informe de “engañoso”. Al referirse a casos donde la policía supuestamente identificó o arrestó a sospechosos, un portavoz del gobierno declaró que la Policía Nacional de las Filipinas ya había resuelto “la mayoría de los casos relacionados con asesinatos de periodistas”.

Según datos del Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, en sólo dos ocasiones se identificó, juzgó y condenó a los culpables. La familia de una de las víctimas, sin embargo, cree que el individuo condenado no era más que un chivo expiatorio del verdadero planificador del asesinato.

En 2004, hubo solamente dos investigaciones “serias” llevadas a cabo por el gobierno, y ninguno de los dos condujo a nada. Según datos del gobierno, desde 1986 están pendientes en los tribunales 15 casos de asesinatos de periodistas, mientras que otros 27 siguen bajo investigación. Tampoco ninguno de éstos dio lugar a condenas.

La impunidad, o sea la incapacidad de juzgar y de castigar a los responsables de los asesinatos, es la principal razón por la cual los periodistas siguen siendo asesinados en las Filipinas.

“Las muertes constituyen además un indicio de los niveles generalmente muy bajos de seguridad en el país, especialmente en las zonas rurales donde la policía y las autoridades militares son a menudo cómplices de los funcionarios y grupos criminales locales contra los que los periodistas suelen dirigir sus críticas”, dijo Luis Teodoro, profesor de periodismo en la Universidad de las Filipinas.

Teodoro declaró que las emboscadas y los asesinatos no resueltos de ciudadanos y la impunidad con la que las fuerzas de seguridad arrestan y torturan a los sospechosos también incitaban a los asesinos a actuar libremente, dado que los periodistas no disponen de poderes especiales que les permitan obtener reparación.

“El asesinato de periodistas en las Filipinas es sintomático de un problema más profundo de administración gubernamental que tiene su origen en las carencias del sistema jurídico”, explicó Teodoro. Los asesinatos también planteaban una duda seria en cuanto a las pretensiones democráticas del país al atentar contra un derecho fundamental, que es el de la libertad de prensa, sin la cual ninguna sociedad o gobierno pueden aspirar a ser democráticos.

La única manera de acabar con esta cultura de la impunidad es que el gobierno aplique con firmeza la fuerza de la ley y haga lo necesario para que los asesinos, y todos aquellos que buscan amordazar a los medios informativos, sean castigados. Ya es hora de que el público, las autoridades, los medios, el sector religioso, la comunidad empresarial se mancomunen para adoptar una postura fuerte contra la violencia, particularmente en lo que respecta al asesinato de periodistas, y para denunciar diversas violaciones de derechos humanos.

Esperemos que no sea demasiado tarde. En estos tiempos, no es raro ver a periodistas armados incluso en el centro de la ciudad. “Siempre llevo encima un revólver. Si llueve, al menos tengo paraguas”, dijo un reportero que ha estado recibiendo amenazas de muerte desde hace casi un año, afirmando así su voluntad y su determinación de defenderse.

Otros son menos aguerridos. “La vida aquí es peligrosa”, declaró un periodista de una ciudad en el sur del país. Tras haber recibido amenazas de muerte, decidió abandonar el periodismo investigativo. “No vale la pena morir por eso. No quiero sacrificar a mi familia”, dijo, añadiendo que las amenazas y las muertes tenían un efecto “escalofriante” sobre los profesionales de la comunicación.

Algo anda terriblemente mal. Pero en las Filipinas, donde un alto funcionario de la policía admitió que le hierve la sangre cada vez que ve a un periodista, nada parece funcionar como debería. Sin embargo, una cosa es segura: a pesar de los asesinatos y las intimidaciones, los periodistas filipinos siguen ejerciendo su oficio. Lamentablemente, algunos de ellos están desesperados. “No existe ya un terreno intermedio para los periodistas”, dijo un reportero. “O uno se corrompe, o pierde la vida”.